PERIODISTA GERARDO FERNANDEZ CASANOVA>>
GUARDIA NACIONAL>>
Gerardo Fernández Casanova>>
Terminada la ronda de reuniones en que se convocó a la población para manifestarse en torno a las cuestiones relativas a la seguridad y la justicia –a las que se les llamó “Escucha”- y después de varias posposiciones que hacen suponer que se tuvo que analizar a fondo las alternativas, el Presidente Electo presento su Plan para la Pacificación y la Seguridad. El documento confirma los postulados de la campaña electoral en el sentido de priorizar la atención de los factores causales de la muy grave crisis que sufre el país en esta materia; los que pueden resumirse en dos directrices básicas: la reactivación de la economía y el empleo, y la atención a la juventud para –mediante becas de razonable suficiencia- estudien y/o trabajen. También aborda el tema de prevención y persecución del delito, para lo cual plantea la formación de una Guardia Nacional (GN), constituida por las policías militar, naval y federal, la cual será dirigida operativamente por el Secretario de la Defensa Nacional. Por su parte, el Secretario de Seguridad Publica será responsable de la normatividad y de las tareas de inteligencia.
Este último asunto, el de la GN, ha levantado un gran revuelo y franca oposición de los organismos de la sociedad civil que han luchado por la defensa de los derechos humanos y contra la militarización de la seguridad pública; le exigen a López Obrador que corrija para regresar al ejército y la marina a sus cuarteles y se aplique a la creación de una policía civil honesta y eficaz. Indudablemente hay mérito en tal propuesta, particularmente a la luz de la realidad que ha significado la presencia de las fuerzas armadas haciendo funciones de policía, carentes de la formación idónea y del sustento legal, por no decir que violando la Constitución. En efecto, a partir de la aberrante decisión de Felipe Calderón de declarar la guerra a los narcotraficantes y al crimen organizado y sacar a los soldados a las calles, los índices de criminalidad se han visto brutalmente
incrementados, al igual que la violación a los derechos humanos. Las estadísticas así lo comprueban.
Sin menoscabo de la razón que asiste a las organizaciones que protestan, cabe mencionar que la población que se expresó en los foros Escucha pidió seguridad y justicia, la búsqueda eficaz de los desaparecidos, pero nadie pidió que se retirara el ejército o la marina. Incluso el propio Andrés Manuel que ha recorrido el país a lo largo y a lo ancho, pero sobre todo a lo profundo, informa que recibió la insistente petición de que no se les dejara en el desamparo retirando al ejército.
En los mismos términos, hay varios otros elementos a considerar. En primerísimo lugar un hecho incontrovertible: Felipe Calderón llegó a la presidencia por la vía del fraude electoral y mereció el repudio de un amplio sector de la población, por lo que su recurso a la militarización obedeció principalmente al amedrentamiento de la gente agraviada, más que a una real lucha contra los criminales; a Peña Nieto, también repudiado por su triunfo a base de la masiva compra de votos, sólo le quedó la de continuar con el mismo esquema de su antecesor, agravado por una corrupción desmesurada. Esta condición no se da en el caso de AMLO que obtuvo una abrumadora votación que desmoronó a los partidos de oposición y canceló las tentaciones de repetir el fraude; de ahí que deba marcarse una diferencia a considerar por quienes se han expresado en contra de la GN.
Otro elemento de significación para el caso es el reconocimiento de la extrema descomposición de las policías en los tres niveles de gobierno, así como su muy notoria descoordinación. Imperan la corrupción y la simulación, incluso las distintas fuerzas compiten entre sí para mantener el control, que no el combate, del crimen organizado. En tales circunstancias el afán de mantener en el ámbito civil la procuración de la seguridad resulta un despropósito.
La propuesta apunta al aprovechamiento de la capacidad organizacional del ejército y de la marina, pero corregido en sus defectos, incluso ya se presentó la iniciativa de reformas constitucionales para la cabal inclusión de esta modalidad. En primer lugar no se trata de incorporar a toda la tropa sino a las respectivas policías militar y naval; en segundo se establece el compromiso del reforzamiento de su capacitación en materia de respeto a los derechos humanos, para lo cual se dispondrá de protocolos meticulosamente elaborados; en tercer lugar, se unifica el mando en la persona del Secretario de la Defensa que, además, cuenta con la confianza del Jefe Supremo por ser un elemento con liderazgo y probada honorabilidad; y en cuarto, porque al país le urge la pacificación y no hay de otra.
Agrego que la GN debiese incorporar a las Policías Comunitarias con un marco operativo y legal idóneos. También que este fin de semana iré a votar por el SI a los proyectos de gobierno inicial. Hay que participar e invito a que todos lo hagamos, aunque sea en contrario.
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