“OJOS CIUDADANOS”, LA COLUMNA DE MARTÍN PÉREZ

PERIODISTA JOSE MARTÍN PEREZ RODRIGUEZ>>

OJOS CIUDADANOS>>

Martín Pérez>>

INICIAN NEGOCIACIONES ENTRE EL GOBERNADOR Y DIPUTADOS LOCALES POR EL PAQUETE ECONÓMICO DEL GOBIERNO DEL ESTADO 2019>>

Reemplacamiento, manzana de la discordia.>>

Es un hecho, habrá diálogo entre el gobernador del Estado, Cuauhtémoc Blanco Bravo, y los diputados locales para analizar las observaciones que hiciera el gobernador al Paquete Económico del Gobierno del Estado para el ejercicio fiscal 2019 que fuese aprobado por los legisladores locales.

La visita que hiciera hace unos días a suelo morelense, el senador de la República, Ricardo Monreal Ávila, ha rendido frutos para el titular del Poder Ejecutivo estatal.

El llamado del líder del Grupo Parlamentario de Morena en el Senado fue contundente a los líderes locales, en el sentido de hacer a un lado las confrontaciones y las diferencias.

Monreal Ávila dio gran ayuda a Blanco Bravo, dado que por un lado desactivó el conflicto que tenía con el alcalde de Cuernavaca, Francisco Antonio Villalobos Adán, así como por el otro, limó asperezas entre el gobernador y el llamado G–15 del Congreso local.

Todas estas acciones le dieron gobernabilidad al Estado de Morelos, por lo que ante un panorama terso, Cuauhtémoc Blanco tiene que hacer su parte, pues no se le va a presentar otra oportunidad como ésta.

Cuauhtémoc Blanco se había negado reiteradamente a dialogar con los diputados locales, lo que molestó sin duda a los legisladores por la falta de respeto a su investidura. Esto originó que no hubiera consensos y por ende, se aplicó aquello de que el titular del Poder Ejecutivo propone y el Poder Legislativo dispone como debe de ser, dentro del equilibrio de Poderes que debe existir. Los diputados aprobaron un Paquete Económico del Gobierno del Estado para el ejercicio fiscal 2019 sin haber contemplado el reemplacamiento en la Ley de Ingresos, que significan unos 500 millones de pesos.

Además, los diputados ya no permitirán al titular del Poder Ejecutivo estatal hacer transferencias de una cuenta a otra sin pedir autorización al Congreso local, cuestión que en su momento propuso el entonces gobernador Graco Ramírez Garrido Abreu y que fue aprobado por los integrantes de la LIII Legislatura local.

Luego de la visita de Monreal Ávila a suelo morelense, las cosas cambiaron en el panorama político estatal.

Muy bien dice la presidenta de la Junta Política y de Gobierno del Congreso local, diputada Tania Valentina Rodríguez Ruiz, que no deben existir confrontaciones, pero sí respeto entre Poderes del Estado, al tiempo que anuncia que empezarán las mesas de diálogo con el gobernador Cuauhtémoc Blanco.

Cuauhtémoc Blanco ya también empezó a moderarse y bien hizo al presentarse a la sede del Poder Legislativo el pasado primero de febrero, durante la sesión solemne en la cual se dio inicio al segundo periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio constitucional de la LIV Legislatura local.

El diálogo entre Poderes debió realizarse en el mes de diciembre, pero nunca es tarde para ponerse de acuerdo por el bien del Estado de Morelos.

Luego de que haya acuerdos, entonces las observaciones al Paquete Económico del Gobierno del Estado para el ejercicio fiscal 2019 tendrán que analizarse a detalle en la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso local en donde se deberá dar un dictamen, ese dictamen se presentará al pleno para su aprobación o rechazo.

El meollo del asunto, sin duda, son los 500 millones de pesos que contempla ingresar a sus arcas el Gobierno del Estado por medio del reemplacamiento.

Para una familia que cuenta con un vehículo compacto para realizar todas sus actividades, es importante que la unidad primero que nada se encuentre en buenas condiciones de los sistemas mecánico y eléctrico, así como de las llantas y la suspensión, por lo que al incrementarse el precio de las refacciones y de la gasolina, así como de la mano de obra en los talleres, entonces les queda menor presupuesto para pagar el reemplacamiento y la verificación. Miles de familias morelenses han optado por emplacar sus vehículos en el vecino Estado de Guerrero para evitar la verificación, lo que ha dado como consecuencia la proliferación de oficinas de gestión, las cuales no tienen un control gubernamental hasta éste momento.

Durante la administración de Graco Ramírez no se vieron los beneficios del programa de verificación vehícular, dado que una gran cantidad de familias optaron por emplacar sus unidades en el Estado de Guerrero, así fue como miles de vehículos transitaron todos los días en suelo morelense sin verificar. Además, el Gobierno del Estado perdió una gran cantidad de ingresos por esos dos conceptos.

La situación económica está muy difícil para todos los mexicanos, con aumentos de precios en todos los productos de consumo generalizado.

Esta situación la deben valorar juntos diputados y gobernador.

El argumento de que le vamos a quitar su dinero a los miembros de la clase media para dárselo a los pobres, debe quedar superado.

Una propuesta de éste columnista, es que eliminen la verificación en la entidad, para que los propietarios de vehículos vuelvan a emplacar en el Estado de Morelos, pero a un bajo costo. Esto también ayudaría al combate a la delincuencia, porque muchos vehículos que solamente portan un permiso de circulación emitido por el Gobierno del Estado de Guerrero o de algún municipio de aquella entidad, son usados por los delincuentes para cometer ilícitos, lo que dificulta las indagatorias del agente del Ministerio Público.

Si el Gobierno del Estado ofrece el reemplacamiento a bajo costo y elimina la verificación, no habrá pretexto para que los habitantes de la entidad reemplaquen sus unidades en Morelos.

Eso sí, que eliminen la verificación, pero que reactiven las patrullas ecológicas para que vehículo cuyas emisiones sean evidentes, entonces lo detengan, le impongan multa y hasta vayan al corralón, en especial las unidades del transporte colectivo y del transporte de carga.

Lo ideal es que se cumpla con lo establecido en la legislación y unidades del transporte colectivo con más de 10 años de antigüedad y sin seguro deben ser sacadas de circulación, ¿por qué razón la Secretaría de Movilidad y Transporte debe ser tolerante con alguien que se ha enriquecido a costa de una concesión y que además no trabaja personalmente la concesión?

Hasta aquí llegó la tinta por hoy.

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