PERIODISTA GERARDO FERNANDEZ CASANOVA>>
CONFRONTACIÓN POR LOS ALTOS SALARIOS.
Gerardo Fernández Casanova
El Presidente López Obrador en respuesta, no sólo a la coyuntura de carácter económico, sino por una convicción política, implanta desde antes de tomar posesión del cargo un régimen de austeridad republicana que, incluso, constituyó un eje fundamental de su propuesta de campaña electoral por lo que lo interpreta como mandato del Soberano. Por la misma causa, la dicha austeridad no sería la de corte neoliberal que sólo aplicaba para la disminución del gasto en los temas del bienestar de la sociedad, sino particular y enfáticamente en el tema de los privilegios de la alta burocracia y sus exorbitantes emolumentos. Es en estos términos que el presupuesto de egresos de la federación para 2019 está obligado a reflejar dicho régimen, comenzando por la reducción de los muy altos salarios de la alta burocracia, por una parte, y la inclusión de las significativas partidas destinadas a pensiones y becas en beneficio todos, principalmente los de menores ingresos. La referida reducción de salarios está provocando un insólito enfrentamiento entre los poderes Ejecutivo y Judicial, éste acompañado por los personeros del viejo régimen, con muchas facetas para analizar.
El conflicto no era de dudarse; más allá de consideraciones de orden político o económico, se trata del conflicto de una transformación pacífica inédita en nuestra historia que las registra siempre como resultantes de un conflicto armado. Bienvenido el conflicto entre poderes, primero por ser pacífico, y segundo por hacer patente la determinación de dar vida a un real estado de derecho con efectiva separación y respeto a los poderes, anteriormente siempre sometidos a la voluntad del Ejecutivo.
Para el efecto, el Senado rescató una iniciativa de ley de salarios máximos propuesta por Pablo Gómez en la Cámara de Diputados en 2013 y que fue aprobada y trasladada al Senado para su ratificación, lo cual no sucedió sino que quedó congelada. En tal condición este órgano procedió ahora a someterla al pleno sin modificarla y fue aprobada en sus términos, en concreto relativos a que ningún funcionario puede percibir un salario superior al del Presidente de la República. López Obrador ya había anunciado que ganaría menos de la mitad de lo que recibía su antecesor, en el orden de los 108 mil pesos mensuales. Los legisladores del PRI, del PAN, del PRD y Movimiento Ciudadano reunieron la minoría calificada de 33% para fincar una controversia ante la Suprema Corte de Justicia, la que ya había mostrado su insatisfacción respecto de lo que significaba una reducción sustancial a sus salarios. Un ministro de la Corte dio entrada a la controversia y dispuso la suspensión de la ley en tanto no se analizase y resolviese por el pleno de la institución, con lo que genera el conflicto con el Legislativo ante la obligación de dictaminar el presupuesto de egresos para 2019.
López Obrador entra a la liza y declara que es una falta a la ética del servicio público y, por tanto, una forma de corrupción el monto de los salarios de jueces, magistrados y ministros, incluso de consejeros de la mayoría de los órganos autónomos del Gobierno Federal, advirtiendo que de cualquier forma respetará la independencia del Poder Legislativo.
Vale hacer un paréntesis para entender el origen de tan altos salarios de la burocracia superior: está en el meollo del neoliberalismo y obedece al criterio de entregar el gobierno a una tecnocracia educada en las universidades de mayor prestigio, principalmente de los Estados Unidos, suponiéndola una clase superior a los antiguos funcionarios de tez morena y formados en la UNAM o el IPN a quienes les fueron cerradas las puertas. El Banco Mundial incluyó el concepto en sus recomendaciones (mandatos) y fue aceptada con
singular alegría por la tecnocracia entonces en ciernes; de ahí para adelante tales mentes brillantes gobernarían al país desde 1982 y lo llevarían al peor desastre de su historia. Los jueces bien pagados serían sabios e incorruptibles y no caerían en tentaciones como la de colocar a sus familiares en las nóminas de los juzgados y oficinas administrativas ni vender sus resoluciones al mejor postor.
El conflicto es de extrema complejidad, pero tendrá que procesarse a fondo. Es un claro mandato popular, avalado por encuestas de varios años que muestran a los jueces como reprobados en el ánimo colectivo. No puede el régimen garantizar la paz y el serio combate a la corrupción, la violencia y la impunidad con jueces que mercantilizan la justicia, con sus honrosas excepciones. Menos con magistrados que valoran a tan alto precio su honorabilidad. Se reclama una reforma de fondo al Poder Judicial y, aunque quisiera diferirla, ya llegó su hora. Que sea para el bien de México.
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