PERIODISTA GERARDO FERNANDEZ CASANOVA>>
ELIMINACIÓN DE PRIVILEGIOS. CONFLICTO EN CIERNES.>>
Gerardo Fernández Casanova>>
Es postulado esencial del republicanismo la eliminación de toda suerte de privilegios, especialmente los que son producto de la administración de la cosa pública. Así lo ha asumido López Obrador desde siempre en su muy largo y azaroso camino a la toma del poder por la vía electoral y pacífica. En sentido contrario, el perverso modelo neoliberal se finca en la generación de privilegios, bajo el falso supuesto de que así se crearía riqueza en las alturas sociales para, desde ahí, derramarla hacia el conjunto; el modelo fue de gran éxito en su primera fase al conseguir que los multimillonarios mexicanos figuren entre los más ricos del mundo, pero de esa cima no ha caído una sola moneda a la llanura formada por la mayoría de la población: a la gran riqueza de unos pocos correspondió la enorme pobreza de los muchos. Finalmente fue un rotundo fracaso en cuyo repudio se manifestó el pueblo el 1 de julio.
El buen juez por su casa empieza. AMLO toma la iniciativa para comenzar con eliminar los privilegios de la clase gobernante. No sería legítimo el combate a los privilegios en la sociedad si no antes se eliminan los de la clase política. La reducción drástica de los salarios y las prebendas, junto con la política de austeridad republicana, ha cimbrado la estructura de la alta burocracia y anuncia tempestades, pero la decisión es firme y no hay vuelta atrás (por cierto, eso nos liberará de la cauda de tecnócratas “educados” en famosas y caras universidades del extranjero).
El Presidente Electo desea postergar lo más posible –incluso evitar- el conflicto con la sociedad de los grandes capitales y el alto empresariado, pero tarde o temprano lo habrá o ya lo hay; baste con leer o escuchar a los opinadores a sueldo para percatarnos de pretensión de frenar al nuevo régimen y su Cuarta Transformación;
para ellos los treinta millones de votos ya fueron y ahí quedan, que lo cotidiano se vota con dólares.
Un primer punto a la cuenta del nuevo gobierno es la ratificación por el Senado del Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por el que se garantizan la contratación colectiva y la democracia y libertad en los sindicatos. López Obrador no caerá en la tentación de expulsar a los líderes charros, al estilo de lo sucedido con La Quina y Elba Ester –no es su facultad- serán los propios trabajadores, ansiosos de libertad y democracia quienes lo hagan. Al momento de hacer la propuesta, el Senador Gómez Urrutia formuló todo un planteamiento de democracia sindical, recuperación de la fuerza de los trabajadores organizados en defensa de sus legítimos intereses y de la productividad. Ya no más sindicatos patronales, ni contratos de protección espuria, ni outsorcing, ni salarios de hambre. Se acabaron los privilegios a las grandes empresas y sus utilidades exorbitantes. Obviamente los empresarios se rasgaron las vestiduras por no haber sido tomados en cuenta.
La controversia por el tema del aeropuerto es también una batalla emblemática. Se enfrentan el proyecto de un México faraónico, corrupto y falso, contra uno que satisfaga sus requerimientos con austeridad y eficacia funcional honesta. Es por esto que la consulta pública toma característica plebiscitaria y replicar otro 1 de julio, para refrendar la decisión de caminar juntos al México Nuevo.
Vienen otras batallas insoslayables en la Ley de Ingresos; no se aumentarán impuestos y se facilitará la contribución con base en la confianza y la solidaridad. Pero tendrán que acabarse los privilegios fiscales; ya no más elusión fiscal por los corporativos; ya no más filantropía con cargo al fisco; ya no gastos suntuarios en restaurantes de gran lujo, viajes y autos superfluos cargados a los costos para eludir impuestos; tampoco las desviaciones a organismos no
gubernamentales no siempre justificados como los Teletones y las orquestas sinfónicas populares. Los privilegiados tendrán que pagar lo justo, pero pagarlo. No va a ser fácil; amenazarán y harán los chantajes acostumbrados, pero siguen vivos los treinta millones de votos para respaldarlo y se deben manifestar en apoyo al proyecto transformador. En efecto, México está en banca rota, la deuda real escondida en cientos de fideicomisos incontrolados cancelaría la posibilidad de la inversión pública y los beneficios sociales. No se vale.
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