PERIODISTA JOSÉ MARTÍN PEREZ RODRÍGUEZ>>
JESÚS ROMAN SALGADO CORRESPONSABLE DEL DESVÍO DE 24 MDP EN EL CONGRESO LOCAL QUE CORRESPONDÍAN AL INSTITUTO DE CRÉDITO>>
El Estatuto Orgánico del Instituto de Crédito para los Trabajadores del Gobierno del Estado, establece en su artículo 10, lo siguiente:>>
El Consejo Directivo se integrará de la forma siguiente: I. Un representante de la Secretaría de Finanzas y Planeación, quien fungirá como Presidente; II. Un representante del C. Gobernador del Estado de Morelos; III. Un representante de la Secretaría de la Contraloría; IV. Un representante de la Secretaría de Gestión e Innovación Gubernamental; V. Un representante sindical del Poder Ejecutivo; VI. Un representante sindical del Poder Legislativo; VII. Un representante sindical del Poder Judicial; VIIII. Un representante del Poder Judicial, y IX. Un representante del Poder Legislativo.
El Consejo Directivo designará a la persona que fungirá como Secretario Técnico, en términos de lo dispuesto por la Ley de los Organismos Auxiliares de la Administración Pública del Estado de Morelos.
El Director General del Organismo, y el Comisario Público adscrito al Instituto, asistirán a las sesiones con voz, pero sin voto.
Como usted puede leer, en el Consejo Directivo se encuentra un representante sindical del Poder Legislativo.
En tanto, el artículo 11, dice: Las atribuciones del Consejo Directivo serán las siguientes:
II. Aprobar los programas y presupuestos del Instituto y sus modificaciones;
III. Aprobar anualmente con base en el informe del comisario y dictamen de los auditores externos, los Estados Financieros del Instituto y autorizar su publicación;
Toda esta reflexión va a razón, de que Jesús Román Salgado, quien fuera secretario general del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Poder Legislativo, de acuerdo con esta legislación era parte del Consejo Directivo del Instituto de Crédito para los Trabajadores del Gobierno del Estado.
Ahora, como parte de ese Consejo Directivo una de sus funciones era aprobar los programas y presupuestos del Instituto y sus modificaciones, así como aprobar el informe del comisario y dictamen de los auditores externos, así como los estados financieros y autorizar su publicación.
La legislación es muy clara al respecto y por esa razón, Jesús Román Salgado debe ser una pieza clave en la carpeta de investigación JC/323/2019 que se siguen por parte de la Fiscalía Anticorrupción, en relación al presunto desvío por un monto de unos 24 millones de pesos que no llegaron a las arcas del Instituto de Crédito para los Trabajadores del Gobierno del Estado, que correspondían a las cuotas y a los descuentos de los créditos de los trabajadores que hicieron quienes fueran en la LIII Legislatura local, la vicepresidenta en funciones de presidenta de la Mesa Directiva, Hortencia Figuera Peralta; la presidenta de la Mesa Directiva, Beatriz Vicera Alatriste; y, la secretaria de Administración y Finanzas, Martha Patricia Bandera Flores.
Sería importante conocer el punto de vista del que fuera líder sindical de los trabajadores del Congreso local para saber las razones por las cuales en su momento omitió presentar informes a la asamblea general sobre el adeudo que se tuvo al parecer desde la gestión de Francisco Moreno Merino, después el incremento durante los periodos de Beatriz Vicera Alatriste y Hortencia Figueroa Peralta, hasta llegar a la cantidad de más de 24 millones de pesos.
Jesús Román Salgado no puede decir que desconocía la situación, dado que fue parte del Consejo Directivo del Instituto de Crédito.
Román Salgado no hizo ningún pronunciamiento en los cambios de administración de Francisco Moreno a Beatriz Vicera y de ésta a Hortencia Figueroa, pese a que fueron afectados los intereses de los que eran sus representados.
Ahora, tocará a la dirigencia sindical encabezada por Erick Reyes, convocar a una asamblea en la cual se pida que Román Salgado informe sobre sí tenía conocimiento o no del desvío de recursos durante la LIII Legislatura. La asamblea debe de tomar cartas en su asunto y determinar sí proceden penalmente en contra de quien no supo representar sus intereses.
Son unos 150 trabajadores afectados, a los cuales el Instituto de Crédito los tiene catalogados como deudores, esto pese a que en sus recibos de nómina les descontaban religiosamente sus cuotas y adeudos de créditos, dinero que no fue reportado presuntamente por Francisco Moreno, Beatriz Vicera, Hortencia Figueroa y Martha Patricia Bandera.
Hasta aquí llegó la tinta por hoy
