LA NOTA POLICIACA A CARGO DE AURORA ALBAVERA SOTELO (LA COBRA)

• Habría participado en secuestro de joven de 18 años
• 4 cómplices enfrentan proceso

La Fiscalía Antisecuestro logró condena de 50 años contra Diego Emanuel “N” por el delito de secuestro, en tanto cuatro de los copartícipes continúan en proceso en la etapa intermedia por el mismo delito.

Los hechos se registraron el 11 de septiembre del año 2018, cuando la persona víctima, un joven de 18 años de edad habría acudido a la cita de un conocido para asistir a una fiesta, al llegar a la colonia Año de Juárez perteneciente al Municipio de Cuautla, varios sujetos armados lo privaron de la libertad.

Familiares del joven recibieron llamadas exigiendo una cantidad de dinero a cambio de la liberación de la víctima, entregando de manera inicial un vehículo y posteriormente se pactó la entrega de una cantidad de dinero en el crucero de Yecapixtla.

Al recibir la denuncia, la Fiscalía Especializada en Combate al Secuestro y Extorsión, a través del Grupo Fusión-UECS, conformado por agentes estatales y federales, realizaron el seguimiento y protección de la acción de entrega del dinero exigido como rescate y fue así que se logró ubicar en la localidad de Casasano la casa de seguridad en donde mantenían a la víctima.

En intervención policial se logró el rescate del joven y la detención de cuatro integrantes de la banda de secuestradores, identificados como Cristian “N”, Efraín “N”, Joel “N” y Samuel “N”, quienes al momento esperan la audiencia intermedia del proceso en su conra.

Posteriormente, en el mes de febrero de 2019, la Fiscalía Antisecuestros logró la identificación de un quinto participante en la privación ilegal de la libertad del joven víctima, por lo que obtuvo la orden de aprehensión correspondiente, misma que fue ejecutada en la región oriente de la entidad.

En audiencia de juicio oral en contra de Diego Emanuel “N”, la Fiscalía Antisecuestro acreditó con pruebas y periciales el delito de secuestro agravado cometido por Diego Emanuel, a quien le fue impuesta una condena de 50 años de prisión, al pago de 125 mil pesos por concepto de reparación del daño material y moral y una multa consistente en ocho mil unidades de medida y actualización (UMAS).

La Fiscalía General del Estado, a través de las fiscalías regionales y especializadas, trabajan para ofrecer una atención oportuna a la ciudadanía, estableciendo la denuncia como la herramienta fundamental que tiene la sociedad, para que las autoridades accionen los mecanismos de apoyo y protección.

Es por ello que en caso de secuestro o extorsión, la Fiscalía Especializada atiede en sus instalaciones ubicadas en Boulevard Cuauhnáhuac número 103, Colonia Flores Magón en el Municipio de Cuernavaca, o a los teléfonos (777) 317 82 78, 317 83 87 y celular – WhatsApp 777453 83 43.

• Grupo Fusión-UECS logra sentencia de tres secuestradores

Como resultado de las pruebas aportadas por la Fiscalía Especializada en Combate al Secuestro y Extorsión, un tribunal de enjuiciamiento dictó condena por 50 años de prisión en contra de tres secuestradores que operaban en el Municipio de Ayala.

Fue en el mes de agosto del año 2018, cuando un grupo de personas habrían privado de la libertad a un hombre en su domicilio ubicado en el Municipio de Ayala, estableciendo comunicación con sus familiares para exigir un pago a cambio de la liberación de la víctima.

Fue después de cinco días que tras recibir el pago por la liberación de la víctima, el hombre fue dejado en libertad, estableciendo las investigaciones de gabinete y de campo y logrando la Fiscalía antisecuestros, a través de despliegue táctico del grupo Fusión-UECS, la captura de Roldán Abiram “N”, Raúl Roberto “N” y Guadalupe “N”.

En audiencia de juicio oral, la Fiscalía Especializada en Combate al Secuestro y Extorsión, presentó los elementos de prueba suficientes para acreditar el delito de secuestro agravado y permitieron al tribunal de enjuiciamiento, imponer una condena de 50 años de prisión para Roldán Abiram “N”, Raúl Roberto “N” y Guadalupe “N”.

Adicionalmente, los sentenciados deberán pagar por concepto de reparación material más de 210 mil pesos y 150 mil por concepto de daño moral. Además de lo anterior, Roldán Abiram pagará ocho mil unidades de medida y actualización (UMAS) como multa, en tanto Raúl Roberto y Guadalupe la cantidad de cuatro mil UMAS también como multa.

La Fiscalía General del Estado impulsa acciones para garantizar el acceso a la procuración de justicia de toda la sociedad, llevando ante las autoridades judiciales a quienes vulneran a los morelenses, trabajando para conseguir condenas ejemplares y combatir con ello la impunidad en la entidad.

• Incumplió medidas cautelares

Al incumplir medidas cautelares que le permitían enfrentar en libertad un proceso por delitos contra la salud, en su modalidad de narcomenudeo por posesión simple de metanfetaminas, agentes de la Policía de Investigación Criminal (PIC) de la Zona Metropolitana, aseguraron a un hombre quien quedó a disposición de la autoridad judicial.

Fue el pasado 22 de octubre, que el imputado conducía un vehículo marca Chevrolet tipo Chevy, mismos que circulaba en zigzag con las luces apagadas sobre el libramiento Aeropuerto–Tepetzingo, perteneciente al Municipio de Xochitepec.

Por tal motivo, agentes de la Policía Morelos al percatarse de los hechos, hicieron que el conductor detuviera su marcha y al realizarle una revisión, le fue fueron encontrados cuatro envoltorios de plástico transparente con polvo blanco con características similares a la cocaína.

Por tal motivo Freddy “N” de 26 años de edad, fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público, el cual judicializa la carpeta de investigación, logrando este llevar su proceso en libertad bajo medidas cautelares, pero vinculado a proceso.

Al hacer caso omiso de las medidas impuestas, el órgano jurisdiccional lo declara sustraído de la acción de la justicia, girando orden de aprehensión.

Mandato cumplimentado por agentes de la PIC en la Colonia Villas de Xochitepec, municipio del mismo nombre, quedando a disposición de la autoridad requirente, para que sea la autoridad judicial quien determine su situación jurídica.